Media Cuartilla

Albergues para mujeres están afectados por falta de fondos

De 11 albergues que había en 2018, ahora hay 4. Ilustración realizada por Colectiva.

“Ana” llegó al Centro de la Mujer Acción Ya para salvaguardar su vida y la de sus hijos tras sufrir una violación múltiple.  “Siento que voy a morir”, relató a las terapeutas que la atendieron de inicio.

Permaneció cuatro meses resguardada en el albergue para mujeres víctimas de violencia de género bajo fuertes medidas de seguridad física debido a su delicada condición emocional, sicológica y de salud.

Posteriormente, tras un intenso proceso de sanación y recuperación, fue reubicada en otro departamento del país. Actualmente le brindan seguimiento a través de las líneas de emergencia vía telefónica.

Martha Munguía, coordinadora de la Fundación Acción Ya, relata que el albergue bajo la administración del organismo no gubernamental se fundó en 1992, siendo el primero en el país.

“Nuestro principal logro es que hemos salvado las vidas de miles de mujeres que estaban en peligro de ser asesinadas o mutiladas”, afirma.

Hasta 2018, año en que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua, la Red de albergues en el país reunía a un total de 11 centros de refugios para mujeres víctimas de violencia de género, distribuidos en Managua, Estelí, Masaya, Matagalpa, León, Waslala, Bilwi (Puerto Cabezas), Jalapa, Río San Juan y Somoto. Luego surgió otro en Managua, que es el más reciente.

Un informe de la Red de albergues correspondiente al periodo 2009-2015 asegura que brindaron una atención integral —psicológica y jurídica, entre otras—  a cerca de 47.513 mujeres adultas, adolescentes, niños y niñas sobrevivientes de violencia de género.

El 70% de ellas corresponde a mujeres mayores de 22 años, 20% entre 16 a 21 años, y 10% de 0 a 15 años.

Sin embargo en la actualidad en la Red de albergues se mantienen solo cuatro funcionando y no de forma permanente.

Cuando acude una mujer, adolescente o niña víctima o sobreviviente de violencia de género y se confirma que su vida o integridad física corre peligro, activan el protocolo de atención y resguardo, apoyándose en fondos de emergencia que provienen de las organizaciones y movimientos de mujeres, de familiares y de sobrevivientes.

El Centro de la Mujer Acción Ya es uno de los que continúan en pie, pero bajo fuertes restricciones financieras, ya que el Estado no brinda ningún aporte, pese a que debería hacerlo en cumplimiento al artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, Convención de Belem Do Para, que llama a apoyar los refugios incluso del sector privado. Nicaragua lo ratificó y se adhirió al mismo en los años 1994 y 1995.

Desde 2018 el Ministerio de Gobierno se ha negado a entregarles la Constancia de Cumplimiento, lo que dificulta que accedan a cooperación externa.

Urge presupuesto

Hasta 2017, último año en que disponían de un financiamiento y presupuesto regular, el Centro de la Mujer Acción Ya tenía capacidad para atender integralmente a 15 mujeres provenientes del norte del país, quienes llegaban acompañadas con tres hijos e hijas en promedio.

Ahí permanecían alrededor de dos o tres meses recibiendo atención médica, psicológica y jurídica de parte de un equipo de especialistas que permanecía a tiempo completo. También se les brindaba alimentación y avituallamiento.

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“Se requiere de personal de apoyo especializado, conformado por mujeres que se han entrenado previamente para atender crisis y en alto riesgo. Eso hace que el mantenimiento y funcionamiento de los refugios sea algo costoso”, dijo Munguía, quien estimó que se requieren alrededor de US$80.000 anuales para su funcionamiento.

Con ese presupuesto atendían entre 800 a 1.000 mujeres al año, desde niñas hasta de la tercera edad. Algunas de ellas de forma ambulatoria.

“Sin financiamiento y sin los documentos que acreditan nuestra legalidad, hay una vulnerabilidad muy grande para las mujeres que se refugian ahí y para las propias organizaciones”.

Martha Munguía

En la actualidad, cumpliendo además con las normas de bioseguridad debido al contexto del covid-19, el Centro Acción Ya alberga a tres víctimas de violencia de género.

“Manejamos un pequeño fondo de emergencia para atender casos muy graves y reducir el riesgo de femicidios”, añadió Munguía.

En Nicaragua, de acuerdo con datos del Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, se han registrado 42 femicidios entre enero y agosto del presente año, correspondiendo a mayo el mayor número (11). Además contabilizan 55 femicidios en grado de frustración.

Espacio para sanar

El albergue del Colectivo 8 de Marzo permaneció cerrado durante 2018 y 2019, pero lo reabrieron a raíz del contexto de la pandemia, ya que perciben que la violencia de género se ha acentuado porque ellas deben permanecer y convivir más tiempo junto a sus agresores.

“Estamos recibiendo mujeres, tenemos un promedio de 10 personas a diario en el albergue, respetando las medidas de protección del covid-19, atendidas por un personal mínimo. La mayoría de nuestra atención y asesoría ahora es en línea, por vía telefónica o por video conferencia”, indicó Luz Marina Torres, coordinadora del Colectivo 8 de Marzo.

En Nicaragua, agregó, ningún gobierno ha establecido y desarrollado una política pública de apoyo a los albergues, y menos la administración actual. Sin embargo, en Centroamérica aseguró que sí hay países que garantizan una partida presupuestaria para estos centros de protección, resguardo y de atención, mencionando a Guatemala y Costa Rica.

“En Nicaragua llegaron a existir 13 albergues, pero la gran mayoría permanecen cerrados porque en 2018 el gobierno de Ortega canceló varias personerías jurídicas a ONG defensoras de los derechos de la mujer, y a otras les ha decretado la muerte civil negando Gobernación la Constancia de Cumplimiento, requisito indispensable para gestionar fondos”, dijo Torres.

Torres agrega que «semanalmente íbamos a Gobernación a solicitar nuestra Constancia de Cumplimiento, pero nunca la entregaron porque el gobierno cataloga de enemigo a las organizaciones de mujeres porque somos críticas, y quieren callarnos”.

Describió a los albergues como espacios donde las mujeres pueden contar su historia y tratar de resolverla de la mejor manera posible, resguardando su vida y la de sus hijos e hijas. En promedio permanecen dos meses.

“Si no fuera por los albergues, miles de mujeres habrían sido víctimas probablemente de femicidio. Permanecieron abiertos gracias las organizaciones civiles y a la cooperación externa. Hoy la mayoría lamentablemente están cerrados”, concluyó.

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