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ONU Mujeres: “Las cifras de violencia son muy altas, pero subestiman la magnitud real del problema”

Los crímenes de violencia contra las mujeres son menos reportados y menos detectados, sostiene María-Noel Vaeza, directora regional ONU Mujeres.

María-Noel Vaeza, directora regional ONU Mujeres, explica en esta entrevista cómo se ha agudizado la violencia machista en el contexto de la pandemia de covid-19 y advierte sobre la necesidad de trabajar en la prevención y la educación temprana “para transformar las normas sociales, las actitudes y los patrones culturales patriarcales que normalizan y fomentan la violencia contra las mujeres”.

Indica que en este contexto “la actual organización de los cuidados se hace insostenible” y ahonda sobre los efectos que tiene el aumento en la demanda de cuidados.

Las “mujeres se ven enfrentadas a continuar trabajando de manera remunerada a la vez que deben lidiar con el incremento de la carga de trabajo de cuidados dentro del hogar, teniendo un impacto no solo en la productividad sino en su bienestar personal”, dice.

¿Cuál es su valoración sobre las tasas de femicidios que registran los países de Centroamérica? ¿Cree que los Estados están haciendo lo suficiente y necesario para prevenir y castigarlos? ¿Qué recomendaciones han formulado como ONU Mujeres?

La violencia contra las mujeres es una emergencia para la región, afectando en promedio a 1 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida. Sin embargo, hay variaciones importantes entre los países; por ejemplo, Brasil, Panamá y Uruguay tienen una prevalencia de 14-17% mientras que en Bolivia el 58% de las mujeres han declarado haber padecido violencia física o sexual a lo largo de su vida.

Según los últimos datos disponibles, 12% de las mujeres de entre 12 y 49 años en la región han sido víctimas de violencia física o sexual dentro de una pareja íntima en el último año – es decir aproximadamente 19.2 millones de mujeres y niñas (PDF).

En cuanto a los femicidios/feminicidios, las cifras disponibles revelan una realidad alarmante. De los cinco países en la región con la tasa más alta de femicidios/feminicidios por cada 100,000 mujeres, cuatro se encuentran en Centroamérica, éstos son El Salvador (6.8), Honduras (5.1), Guatemala (2.0) y República Dominicana (1.9).

Si bien estas cifras son muy altas, sabemos que subestiman la magnitud real del problema porque los crímenes de violencia contra las mujeres son menos reportados, menos detectados, porque en muchos casos las autoridades no los clasifican y no los registran adecuadamente.

La violencia contra las mujeres es tanto causa como consecuencia de la discriminación y desigualdad que enfrentan las mujeres y prácticamente todos estos casos esta violencia es perpetrada por hombres.  

Está arraigada en factores relacionados con el género, como la ideología del privilegio de los hombres, las normas sociales que toleran, normalizan o justifican la violencia o masculinidades nocivas basadas en la necesidad de afirmar el control o el poder masculino.

América Latina ha sido pionera en la adopción de instrumentos y mecanismos internacionales para fortalecer la prevención y la atención a la violencia contra las mujeres y las niñas.

La Convención de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres fue el primer tratado internacional de derechos humanos que aborda específicamente la violencia contra las mujeres.

32 países de la región tienen leyes de primera generación que sancionan la violencia doméstica y reconocen los derechos de las víctimas.

18 países de la región tienen leyes que tipifican el femicidio/feminicidio con sanciones más severas que las del homicidio, y solamente 13 países tienen leyes integrales sobre las diversas formas de violencia por razones de género contra las mujeres. Sin embargo, a pesar de estos avances importantes, las tasas de violencia contra las mujeres siguen siendo un enorme reto en la región.

Tenemos que trabajar sobre todo en la prevención, la educación temprana es muy importante para transformar las normas sociales, las actitudes y los patrones culturales patriarcales que normalizan y fomentan la violencia contra las mujeres e invertir en programas comunitarios de prevención para generar culturas de tolerancia cero.

Pero también es indispensable invertir en la implementación efectiva de las leyes y políticas, generar datos de calidad y fortalecer las capacidades del personal del sector de justicia y otros servicios esenciales.

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Desde ONU Mujeres reiteramos cada día nuestro compromiso de continuar trabajando junto a los gobiernos, sociedad civil y las mujeres para poner fin a la violencia de género.

En sentido una de las iniciativas más importantes en curso en este momento es el programa de Spotlight que busca poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en donde colaboramos con otras agencias del sistema de Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil con el apoyo de la Unión Europea.

Existe una percepción de que el confinamiento que adoptaron gran parte de los Estados de Centroamérica y de América Latina en general, para enfrentar la pandemia de covid-19, provocó un aumento de la violencia de género. ¿Comparte esta percepción? ¿Hay estadísticas que lo comprueban?

Tenemos algunos datos emergentes que demuestran que la violencia contra las mujeres, niñas y niños en el hogar se ha intensificado. En Colombia 12 mujeres fueron asesinadas en un período de 16 días; en Argentina, el promedio diario de consultas por violencia de género aumentó en un 39% solo en el mes de marzo de 2020.

Si bien los sistemas estadísticos nos darán cifras más contundentes con el tiempo, es posible afirmar que las medidas de prevención y de mitigación de la propagación del COVID-19, tales como la cuarentena, el aislamiento o distanciamiento social, y las restricciones de movilidad, implican un aumento en la violencia doméstica, ya que las víctimas/sobrevivientes se encuentran encerradas con sus perpetradores día y noche, con oportunidades muy limitadas de salir de sus hogares o de buscar ayuda.

La crisis ha generado barreras adicionales en el acceso a servicios esenciales. Muchos servicios de atención están bajo presión para responder al incremento en la demanda.

En la región existen refugios y albergues para mujeres víctimas de violencia de género y son variados, algunos pertenecen a la sociedad civil y otros al Estado. En Honduras, por ejemplo, muchas de las casas refugios han estado bajo presión para poder responder y contar con recursos de bioseguridad.

En los hogares donde hay niñas, niños y adolescentes el aumento en la violencia contra las mujeres tendrá impactos negativos también en ellas y ellos en términos de violencia, estrés postraumático, depresión, ansiedad e impactos de largo plazo en su desarrollo.

Durante la pandemia, y en el mundo post-pandemia, con la crisis socio-económica, la escasez de recursos y mayores tensiones en muchos hogares y sociedades, los medios de vida de muchas mujeres así como de sus redes de apoyo van a verse debilitados.

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Es altamente probable que quienes tenían menos medios de vida y estrategias de salida de la violencia de género antes de la pandemia se encuentren contextos aún más complicados ahora.

Como parte de las decisiones de gestión de la crisis sanitaria y económica y el diseño de incentivos que de cara a la futura reactivación post covid-19, será importante asegurar que haya una inversión adecuada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, en los servicios esenciales, los servicios de apoyo brindados por la sociedad civil y en cuanto a las iniciativas de prevención durante la pandemia y en la fase de recuperación.

María-Noel Vaeza, directora regional ONU Mujeres. Foto cortesía de ONU Mujeres

En este contexto de la pandemia de la covid-19, ¿resulta más relevante que los Estados apoyen presupuestariamente a esos espacios de albergues o refugios para víctimas de la violencia de género? ¿Existe algún porcentaje que deba destinarse?

Es necesario invertir recursos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, niñas y niños, no obstante, los recursos no han sido suficientes para la magnitud del desafío. Invertir para prevenir y poner fin a la violencia no es sólo un imperativo moral, pero es también una inversión sólida.

Todos los estudios indican que las inversiones oportunas y bien integradas, aunque sean a pequeña escala, pueden aportar beneficios enormes para las mujeres y comunidades.

Durante la pandemia los gobiernos deben asegurar que los servicios de atención y respuesta a la violencia contra las mujeres se consideren servicios esenciales y facilitar el acceso a estos servicios.

Si no se invierte en la prevención primaria y la atención de la violencia en el confinamiento o bajo la llamada ¨nueva normalidad¨ (cuando se empiece a recuperar la movilidad y se apliquen las diferentes estrategias de salidas del confinamiento escalado o no) el impacto en la vida de las mujeres, niñas y niños y los costos se incrementarán.

¿Por qué se ha tornado tan relevante lo relativo a labor de cuidados en tiempos de covid-19? ¿Qué les preocupa o inquieta? ¿Qué problemática vislumbran y soluciones?

Los cuidados son un trabajo esencial ya que son las actividades que permiten el sostenimiento de la vida y la reproducción de la fuerza de trabajo y de las sociedades en el día a día generando una contribución fundamental para la producción económica, el desarrollo y el bienestar.

Sin embargo, la distribución de las responsabilidades de los cuidados en nuestras sociedades es sumamente desequilibrada, recayendo principalmente en los hogares y siendo realizada mayoritariamente de manera no remunerada por las mujeres.

Ya antes de la pandemia, las mujeres en América Latina y el Caribe dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado. Esto ha limitado históricamente sus oportunidades y elecciones convirtiéndose en un obstáculo para la igualdad, el empoderamiento y la autonomía de las mujeres.

En el ámbito del trabajo de cuidados remunerados, las mujeres también están sobrerrepresentadas. En América Latina y el Caribe, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un quinto de la población trabaja en sectores vinculados al cuidado —en sentido amplio— de forma remunerada.

El sector constituye más de un tercio del empleo femenino. Este trabajo muchas veces se realiza en condiciones laborales precarias, en situaciones de violencia o acoso y/o con penalizaciones en la remuneración que profundizan las brechas salariales.

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Esta situación se ha visto agravada por la pandemia del covid-19 debido a la creciente demanda de cuidados y la reducción de la oferta de servicios causada por las medidas de confinamiento y distanciamiento social adoptadas para frenar la crisis.

Muchas mujeres se ven enfrentadas a continuar trabajando de manera remunerada a la vez que deben lidiar con el incremento de la carga de trabajo de cuidados dentro del hogar, teniendo un impacto no solo en la productividad sino en su bienestar personal.

La llamada ¨nueva normalidad¨ implicará cambios importantes en la forma de escolarización y trabajo, generando nuevos desafíos y presiones adicionales sobre los sistemas nacionales de educación pública, salud y protección social más allá de la crisis.

En este contexto la actual organización de los cuidados se hace insostenible, lo que demanda, de manera urgente, una revisión de las políticas económicas y de protección social que permitan reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados entre el Estado, sector empresarial y empleador, la comunidad, y entre hombres y mujeres.

La construcción de sistemas integrales de cuidados se constituye por lo tanto en un elemento clave de la recuperación socioeconómica.

La inversión en infraestructura social de cuidados y la creación de una economía de servicios, en torno a los servicios de cuidados, dinamiza las economías locales a partir de la creación directa de empleo y la mejora de los ingresos de las familias, lo que genera retornos a la economía y a la sociedad en su conjunto.

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La regulación y formalización del sector contribuye a la generación de ingresos tributarios y al fortalecimiento de los sistemas de seguridad social, en contextos donde la alta informalidad y la pérdida masiva de empleos formales pone en riesgo la sostenibilidad de estos sistemas

Desde ONU Mujeres consideramos que durante la emergencia sanitaria y la reactivación post crisis del COVID-19 debemos asegurar que los servicios de cuidados sean considerados prioritarios, garantizando a quienes se emplean en los mismos que puedan hacer su trabajo de manera segura.

Es imprescindible expandir la protección de las personas que desempeñan tareas de cuidado tanto de forma remunerada como no remunerada; promover medidas para facilitar que los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades de cuidado puedan compatibilizarlas con el trabajo remunerado y fomentar una mejor distribución de las responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres.

Desde el comienzo de la pandemia, algunos gobiernos de la región han identificado las interacciones entre cuidados y covid-19 y han buscado implementar acciones para intentar mitigar sus consecuencias.

En Costa Rica, por ejemplo, la Red Nacional de Cuido y Desarrollo infantil continuó brindando servicios, para apoyar a madres y padres que continuaron en sus trabajos para que el cuidado no recayera en personas mayores o grupos de riesgo que constituyen sus redes de apoyo familiar; o en República Dominicana, donde el gobierno estableció el programa “Quédate en casa” de transferencias sociales beneficiando a las familias más vulnerables, en particular aquellas con jefatura femenina, así como a trabajadoras informales y/o domésticas.

La inversión en cuidados genera un triple dividendo en forma de retorno en capital humano, en impuestos y cotizaciones sociales y en renta familiar, que debe ser aprovechado para impulsar la salida de la crisis.

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